*Iván Silva: “Uno por uno nos van metiendo presos por quejarnos del abuso”

Santo Domingo, República Dominicana – El doctor y exsenador Iván Silva denunció lo que considera un patrón de represión contra quienes se atreven a cuestionar el alto costo de la vida y los abusos en sectores clave como los de combustibles, la electricidad y la minería.

Silva vinculó estos problemas a un “reinicio del sistema económico mundial” que, según él, el gobierno dominicano traslada al pueblo mientras protege intereses poderosos. El ex congresista comenzó recordando dos casos que, a su juicio, ilustran la intolerancia a la indignación ciudadana: el del comunicador automotriz Jefte (Jefté) Ventura y el de una señora que, tras recibir facturas de luz de RD$28,000 y luego RD$40,000 (cuando antes pagaba alrededor de RD$3,000-4,000), rompió su medidor en un acto de frustración y terminó detenida.

“Ventura está preso por decir que la gasolina nuestra está adulterada y sobre valuada. En el caso de la señora está presa por quejarse”, afirmó Silva. “Así vamos cayendo uno por uno: todo el que se atreva a indignarse por el abuso de estos grupos de poder hacia la ciudadanía, lo que le queda es la cárcel o la muerte”.

El exsenador aprovechó la ocasión para criticar duramente el precio actual de los combustibles —la gasolina premium ronda los RD$314 por galón y la regular los RD$294,50 (semana del 11 al 17 de abril de 2026)— y los subsidios estatales que, según él, terminan beneficiando a “mafias” del sector en lugar de aliviar al consumidor.

Silva recordó que, como senador, acudió al Tribunal Constitucional para impugnar los impuestos aplicados a los hidrocarburos desde 2009. Acusó al gobierno de colocar en posiciones clave a personas vinculadas al sector privado de los combustibles, mencionando específicamente a Pablo Portes (asesor financiero del Poder Ejecutivo) y a Walkiria Caamaño (viceministra de Energía y Minas), a quienes ligó a intereses asociados al empresario haitiano Gilbert Bigio (GB Group / Texaco en RD).

“Este presidente colocó a los representantes de los combustibles en el Palacio y en el Ministerio de Energía y Minas para que ellos manejen los precios”, dijo.

Añadió que un grupo reducido de empresas —incluyendo franquicias como Texaco y otros grandes jugadores dominicanos— controla el rubro, imponiendo impuestos, márgenes elevados y, según las denuncias de Ventura, combustible de calidad inferior a la declarada (octanaje por debajo de los estándares legales de 96 RON para premium y 89 para regular).
Ventura, quien usó un octanómetro portátil para realizar pruebas públicas en estaciones (incluyendo Texaco), generó un fuerte debate. Petromóvil lo demandó por difamación e injuria, alegando manipulación de datos y campaña de descrédito tras negarle patrocinio. Un tribunal le impuso medidas de coerción, incluyendo una fianza de RD$1 millón y prohibición de acercarse a menos de 1,000 metros de estaciones de la empresa.

El discurso incluyó el video viral de la señora que, con solo abanico, nevera, estufa y bombillos, recibió facturas desproporcionadas y, en un momento de desesperación, destruyó su medidor. “Ella se indignó y la metieron presa. Ventura también. ¿Cuántos más van a meter?”, preguntó Silva retóricamente.

Destacó que el sector eléctrico dominicano enfrenta críticas históricas: altas pérdidas (técnicas y no técnicas), dependencia de combustibles fósiles caros y subsidios masivos del Estado a las distribuidoras (EDEs). Facturas que “se disparan” sin explicación clara son una queja recurrente entre los hogares.

Las denuncias del doctor Iván Silva recogen un malestar real y profundo en amplios sectores de la población dominicana que enfrenta altos precios de combustibles, un sistema de electricidad deficiente y que golpea en el bolsillo, además de las dudas persistentes sobre la calidad de la gasolina.

«Lo que es un hecho es el hartazgo ciudadano que expresan tanto Ventura como la señora de la factura de luz», aseguró Silva.

Consideró que en una democracia, la solución no pasa por silenciar voces ni por actos de vandalismo, sino por mayor transparencia: publicación regular de análisis de calidad de combustibles, auditorías independientes al sector eléctrico y de hidrocarburos, además de un diálogo sincero entre gobierno, empresas y sociedad civil.