CARD inicia proceso de Amparo de Cumplimiento en contra del CNM por negativa a renovar la SCJ
Santo Domingo, República Dominicana, 15 de abril de 2026.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini afirmó que no convocar a tiempo el proceso constitucional de evaluación y renovación de la Suprema Corte de Justicia compromete la seguridad jurídica, debilita la independencia judicial y erosiona la credibilidad institucional del país.
Con esa convicción, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó una instancia de puesta en mora tendente a amparo de cumplimiento contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por no haber iniciado dentro del plazo constitucional el proceso de evaluación, designación, reestructuración o reforma de la actual composición de la Suprema Corte de Justicia, pese a que el período de once magistrados venció el pasado 4 de abril de 2026.
La acción, elevada por el CARD en la persona de su presidente, Trajano Potentini, no responde a un gesto simbólico ni a una diferencia protocolar. Es un llamado firme, institucional y urgente frente a una omisión que, según el gremio, amenaza con vaciar de contenido el mandato constitucional de renovación periódica de las altas cortes y con normalizar una peligrosa cultura de inacción en uno de los ámbitos más sensibles del Estado.
El CARD sostiene que la falta de convocatoria del CNM no es un simple retraso administrativo. Es una lesión directa al diseño constitucional que regula la integración, evaluación y continuidad de la Suprema Corte de Justicia. En su escrito, advierte que permitir que una situación de esta naturaleza se prolongue sin respuesta socava principios esenciales como la temporalidad de los cargos, la transparencia del proceso público de selección, la seguridad jurídica y la previsibilidad institucional que la ciudadanía espera de los órganos encargados de preservar el Estado de derecho.
La entidad recuerda que la abogacía no es una profesión indiferente al destino de la justicia. Por mandato legal y deontológico, el CARD está llamado a defender la independencia judicial, el orden constitucional y la correcta administración de justicia. Por eso, afirma que levantar la voz en este momento no es una opción política ni una postura coyuntural: es un deber institucional frente a la República.
“Lo que está en juego no es únicamente la renovación de nombres, sino la credibilidad del sistema”, subraya la acción. Porque cuando el órgano constitucional llamado a convocar no convoca, cuando el procedimiento diseñado para garantizar legitimidad no se activa, y cuando el silencio sustituye al cumplimiento, el daño no recae solo sobre los jueces: recae sobre la confianza pública, sobre la imagen del Poder Judicial y sobre el derecho del país a tener instituciones funcionando con apego estricto a la Constitución.
En su exposición, el CARD advierte además que la ausencia de convocatoria produce consecuencias concretas y graves: paraliza el itinerario constitucional previsto para la renovación judicial, posterga la recomposición de las altas cortes, debilita el principio de publicidad y transparencia del proceso, y abre espacio a incertidumbres que no deberían existir en una democracia constitucional madura. La organización resalta que la primera convocatoria no es una formalidad vacía, sino el acto que pone en marcha el mecanismo institucional de deliberación, evaluación y decisión. Sin ese paso, todo queda suspendido en una zona de indefinición incompatible con la salud del sistema.
El Colegio de Abogados también advierte que esta omisión tiene una dimensión más profunda: afecta la independencia judicial. Un Poder Judicial fuerte no depende solo de sentencias correctas, sino también de reglas claras, cronogramas respetados y procedimientos cumplidos. Cuando la renovación de la Suprema Corte se posterga sin justificación suficiente, se transmite un mensaje de fragilidad institucional que erosiona la autoridad moral del sistema y alimenta la percepción de que la Constitución puede ceder frente a la conveniencia o la inercia.
Por eso, el CARD puso en mora al presidente de la República, Luis Abinader Corona, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a los demás integrantes del órgano, para que actúen con la urgencia, seriedad y responsabilidad que la situación demanda. La pretensión principal del escrito es clara: que se convoque de inmediato el proceso constitucional pendiente y que se dé cumplimiento al mandato que impone la Carta Magna y la normativa aplicable. De no producirse respuesta dentro del plazo legal, el Colegio advierte que accionará mediante el correspondiente amparo de cumplimiento.
Esta iniciativa, lejos de perseguir confrontación, procura preservar el equilibrio institucional. El CARD insiste en que la estabilidad democrática no se construye con silencios ni aplazamientos indefinidos, sino con actos concretos de sujeción al orden constitucional. Cuando los plazos vencen y los deberes públicos no se ejecutan, la institucionalidad exige reacción. Y cuando esa reacción se produce desde el gremio que reúne a los auxiliares de la justicia, lo que emerge no es una interferencia, sino una defensa legítima del interés público.
La justicia dominicana necesita certidumbre. Necesita órganos que cumplan su rol a tiempo. Necesita procedimientos que no se congelen. Y necesita que la Constitución no sea invocada sólo en el discurso, sino obedecida en los hechos. En ese espíritu, el Colegio de Abogados de la República Dominicana reafirma que esta acción no busca ruido, sino respeto al orden jurídico; no busca protagonismo, sino cumplimiento; no busca tensión institucional, sino fortalecer la legitimidad del sistema judicial. Porque cuando la Constitución fija un deber, cumplirlo no es una cortesía: es una obligación.
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